Os presentamos un resumen de la agencia EFE del informe del Defensor del Pueblo del año 2011. Ha reclamado a las Administraciones Públicas, en su Informe institucional de 2011, que "garanticen totalmente" las prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional.
Según el documento, las quejas más comunes en materia sanitaria se refieren a la confidencialidad de la información y documentación clínica, a la falta de recursos para personas con problemas de salud mental, a la seguridad de los pacientes y a las demoras en atención primaria y especializada.
Tras recibir varias quejas al respecto en 2011, el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio con el objetivo de que se garanticen las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, "con independencia del lugar donde se encuentren".
La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, insiste en que las administraciones autonómicas tienen la obligación de ponerse de acuerdo al ofertar nuevos servicios a la población, y subraya la desigualdad existente en los servicios sanitarios públicos en función de la comunidad autónoma de la que se trate.
Muchas de las quejas planteadas se refieren a los problemas para obtener una atención de calidad cuando los pacientes se desplazan fuera de su comunidad.
Por este motivo, Cava de Llano inició una investigación de oficio y pidió que el Consejo Interterritorial del Salud adoptara medidas que garantizasen las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde se encuentren.
Cava de Llano insiste en la doble perspectiva de universalidad y gratuidad de la sanidad española y asegura que el reto fundamental es ofrecer "atención gratuita a miles de personas residentes en España que aún no disfrutan de esta cobertura".
Recuerda que los menores tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita y recomienda que se garantice el acceso a las áreas de urgencias de los centros de atención primaria a todos los pacientes, "incluso cuando éstos no puedan acreditar su derecho a recibir asistencia médica en el momento".
Tras recibir varias quejas de pacientes afectados por el VIH cuyo historial médico fue conocido por terceras personas, la Defensora pide que sean extremadas las medidas que garanticen el derecho a la confidencialidad y las referidas al derecho de acceso a documentación clínica.
Un año más, la demora en la asistencia sanitaria es la principal causa de descontento de los ciudadanos, tanto para consultas externas como para pruebas y técnicas diagnósticas e intervenciones programadas.
Las listas de espera más dilatadas en asistencia sanitaria no urgente las encabezan Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.
En atención especializada destacan las esperas de Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
También siguen siendo frecuentes las quejas sobre la demora en las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública.
En atención primaria las principales quejas hacen referencia al tiempo que se tarda en hacer pruebas diagnósticas, y el tiempo de espera hasta entrar en una consulta.
En cuanto a atención especializada, la mayoría de las quejas están relacionadas con la gestión y organización de los centros sanitarios.
En este sentido, Cava de Llano insta a las administraciones sanitarias a adoptar medidas para que los pacientes "especialmente vulnerables", como menores, discapacitados o mayores, puedan estar acompañados.
Con respecto a la dotación de recursos, presta especial atención a los destinados al daño cerebral sobrevenido, "una realidad sanitaria creciente y preocupante que exige una respuesta cada vez más especializada" y critica que comunidades como Castilla y León no dispongan de ningún centro para estos pacientes.
En el campo de la salud mental, reconoce que se han producido avances aunque insiste en que quedan muchos asuntos pendientes, como la insuficiente dotación de profesionales especializados y de recursos de rehabilitación y reinserción social capaces de garantizar la autonomía de estos pacientes.
En lo que concierne a la financiación de medicamentos, algunos usuarios consideran una contradicción que pensionistas con altos niveles de renta no efectúen aportación alguna, y otras personas sin recursos suficientes deban sufragar el 40 por ciento.
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